● Las personas físicas mayores de 60 años que ejercían una actividad económica sin personal contratado quedaron exentas de la obligación.

● Las sociedades civiles y comunidades de bienes también podían quedar exentas si todos los integrantes cumplían el requisito de edad.

● Se previó la posibilidad de renunciar voluntariamente a la exoneración por parte de quien quisiera adaptarse.

Este precedente demuestra que es posible compatibilizar el objetivo de control fiscal con criterios de proporcionalidad, equidad y sentido común.

Inspirándonos en este modelo, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA plantean:

1. Una moratoria general mínima de dos años, que permita una adaptación progresiva y ordenada del comercio de proximidad.

2. Exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años.

3. Flexibilidad para colectivos vulnerables, con posibilidad de prórrogas o ayudas específicas para establecimientos con baja capacidad tecnológica o económica.

4. Deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para hacer más atractivo el cambio, y recompensar a los que se adhieren antes y también ayudar a paliar parcialmente la inversión.

Esta propuesta busca garantizar que nadie quede atrás y que la aplicación de VeriFactu sea compatible con la supervivencia de los sectores que representamos.

Además de una moratoria, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA consideran imprescindible la puesta en marcha de un plan de choque específico que ayude a las empresas artesanas y tradicionales que representan a realizar la transición hacia la facturación electrónica de manera ordenada y realista. Este plan debería ser fruto de la colaboración entre el Gobierno y nuestras Confederaciones e incluir medidas concretas en tres ámbitos: apoyo económico, apoyo técnico y soporte formativo. 

1. Apoyo económico 

• Subvenciones directas para la compra y adaptación de programas y sistemas de facturación compatibles.

  ● Deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para compensar parcialmente la inversión

  ● Líneas de financiación bonificada, accesibles a microempresas y autónomos.

  ● Exenciones temporales de cuotas o tasas vinculadas a la adaptación tecnológica para los comercios de menor facturación. 

1. Apoyo técnico 

• Elaboración de guías prácticas y tutoriales adaptados a la realidad de las microempresas.

  ● Puesta en marcha de un servicio de acompañamiento digital con consultores especializados para ayudar a la implantación.

  ● Coordinación con proveedores tecnológicos para garantizar que los programas sean asequibles, seguros y fáciles de utilizar. 

1. Apoyo formativo 

● Programas de capacitación gratuitos, tanto presenciales como online.

● Talleres territoriales en colaboración con asociaciones de comerciantes para llegar a todo el territorio.

● Campañas de sensibilización y comunicación que expliquen de forma clara y llana los beneficios y obligaciones de VeriFactu.

Nuestros sectores son mucho más que una actividad económica: son un elemento esencial para la cohesión social, la dinamización rural, urbana y de barrio y la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso, su adaptación a VeriFactu no puede hacerse de forma precipitada ni desconectada de su realidad cotidiana.

CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA piden al Gobierno que actúe con proporcionalidad, estableciendo una moratoria y desplegando un plan de choque con medidas de apoyo. Sólo así será posible que VeriFactu alcance sus objetivos de transparencia y control sin poner en riesgo la continuidad de nuestras microempresas y pymes, que son el corazón de nuestra economía y un motor de cohesión en el territorio.

MENSAJE CLAVE

«Ante el calendario fijado por la Agencia Tributaria, que obliga a sociedades y autónomos a implantar VeriFactu entre enero y julio de 2026, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA reiteran su preocupación por el impacto que esta medida puede tener sobre el tejido empresarial comercial, formado mayoritariamente por autónomos y microempresas.

Países como Francia, están implantando un modelo escalonado en varias fases teniendo en cuenta las dificultades ya expuestas en las pymes y micropymes facilitando de esta forma su implantación efectiva para todas sus empresas. Disponiendo de un calendario paulatino dividido en las siguientes fases:

Enero de 2026: Inicio de la fase piloto en todo el ámbito de aplicación.

1 de septiembre de 2026:

• Para todas las empresas: obligación de recibir facturas electrónicas.

• Para grandes y medianas empresas: obligación de emitir facturas electrónicas.

1 de septiembre de 2027: Para pymes y microempresas: obligación de emitir facturas electrónicas.

2028-2030: Posible armonización con la normativa europea.

Por todo ello, solicitamos una implantación flexible hasta 2028, con exenciones para mayores, moratoria sancionadora, ayudas económicas inmediatas, y acompañamiento técnico y formativo para garantizar que ninguna empresa del sector quede atrás en el proceso de digitalización fiscal.”