● Las personas físicas mayores de 60 años que ejercían una actividad económica sin personal contratado quedaron exentas de la obligación.
● Las sociedades civiles y comunidades de bienes también podían quedar exentas si todos los integrantes cumplían el requisito de edad.
● Se previó la posibilidad de renunciar voluntariamente a la exoneración por parte de quien quisiera adaptarse.
Este precedente demuestra que es posible compatibilizar el objetivo de control fiscal con criterios de proporcionalidad, equidad y sentido común.
Inspirándonos en este modelo, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA plantean:
1. Una moratoria general mínima de dos años, que permita una adaptación progresiva y ordenada del comercio de proximidad.
2. Exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años.
3. Flexibilidad para colectivos vulnerables, con posibilidad de prórrogas o ayudas específicas para establecimientos con baja capacidad tecnológica o económica.
4. Deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para hacer más atractivo el cambio, y recompensar a los que se adhieren antes y también ayudar a paliar parcialmente la inversión.
Esta propuesta busca garantizar que nadie quede atrás y que la aplicación de VeriFactu sea compatible con la supervivencia de los sectores que representamos.
Además de una moratoria, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA consideran imprescindible la puesta en marcha de un plan de choque específico que ayude a las empresas artesanas y tradicionales que representan a realizar la transición hacia la facturación electrónica de manera ordenada y realista. Este plan debería ser fruto de la colaboración entre el Gobierno y nuestras Confederaciones e incluir medidas concretas en tres ámbitos: apoyo económico, apoyo técnico y soporte formativo.
- Apoyo económico
- Subvenciones directas para la compra y adaptación de programas y sistemas de facturación compatibles.
● Deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para compensar parcialmente la inversión
● Líneas de financiación bonificada, accesibles a microempresas y autónomos.
● Exenciones temporales de cuotas o tasas vinculadas a la adaptación tecnológica para los comercios de menor facturación.
- Apoyo técnico
- Elaboración de guías prácticas y tutoriales adaptados a la realidad de las microempresas.
● Puesta en marcha de un servicio de acompañamiento digital con consultores especializados para ayudar a la implantación.
● Coordinación con proveedores tecnológicos para garantizar que los programas sean asequibles, seguros y fáciles de utilizar.
- Apoyo formativo
● Programas de capacitación gratuitos, tanto presenciales como online.
● Talleres territoriales en colaboración con asociaciones de comerciantes para llegar a todo el territorio.
● Campañas de sensibilización y comunicación que expliquen de forma clara y llana los beneficios y obligaciones de VeriFactu.
Nuestros sectores son mucho más que una actividad económica: son un elemento esencial para la cohesión social, la dinamización rural, urbana y de barrio y la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso, su adaptación a VeriFactu no puede hacerse de forma precipitada ni desconectada de su realidad cotidiana.
CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA piden al Gobierno que actúe con proporcionalidad, estableciendo una moratoria y desplegando un plan de choque con medidas de apoyo. Sólo así será posible que VeriFactu alcance sus objetivos de transparencia y control sin poner en riesgo la continuidad de nuestras microempresas y pymes, que son el corazón de nuestra economía y un motor de cohesión en el territorio.
MENSAJE CLAVE
«Ante el calendario fijado por la Agencia Tributaria, que obliga a sociedades y autónomos a implantar VeriFactu entre enero y julio de 2026, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA reiteran su preocupación por el impacto que esta medida puede tener sobre el tejido empresarial comercial, formado mayoritariamente por autónomos y microempresas.
Países como Francia, están implantando un modelo escalonado en varias fases teniendo en cuenta las dificultades ya expuestas en las pymes y micropymes facilitando de esta forma su implantación efectiva para todas sus empresas. Disponiendo de un calendario paulatino dividido en las siguientes fases:
Enero de 2026: Inicio de la fase piloto en todo el ámbito de aplicación.
1 de septiembre de 2026:
• Para todas las empresas: obligación de recibir facturas electrónicas.
• Para grandes y medianas empresas: obligación de emitir facturas electrónicas.
1 de septiembre de 2027: Para pymes y microempresas: obligación de emitir facturas electrónicas.
2028-2030: Posible armonización con la normativa europea.
Por todo ello, solicitamos una implantación flexible hasta 2028, con exenciones para mayores, moratoria sancionadora, ayudas económicas inmediatas, y acompañamiento técnico y formativo para garantizar que ninguna empresa del sector quede atrás en el proceso de digitalización fiscal.”
